Anular el voto como protesta

La señorita Dania Ivett Puga Corona es candidata del Partido Acción Nacional a diputada local en Colima, y como gusta de verse bien arregladita en público, fue a una tienda de autoservicio y adquirió, dice Excélsior, “un cortauñas, un cortador de cutícula, pilas, un rubor, un rímel, una sombra, una brocha para mejillas, jabones, un delineador y limas de uñas”, mercancía que cuesta algo así como mil 500 pesos y que doña Dania Ivett decidió no pagar, por lo que fue detenida.

La cantidad que debió pagar la candidata panista es irrelevante. Lo grave es que, por unos cuantos pesos, esta dama se dé a conocer entre los electores, quienes ya saben lo que puedan esperar de ella, pues si ahora comete pequeñas raterías, ya en cargos públicos es de imaginarse lo que puede hacer.

Por supuesto, el costo de los artículos hurtados por la candidata del PAN resulta de risa junto al monto de la partida secreta que manejó Carlos Salinas de Gortari y de la que, según Miguel de la Madrid Hurtado, el de Agualeguas se embolsó la mitad, aseveración de la que luego se desdijo el presidente del sexenio gris, pensando quizás en el riesgo de que le suelten algunos periodicazos, y nada más, pues ya se sabe que los grandes desfalcos a cargo de políticos no son objeto de pesquisa judicial, a menos, claro, que el indiciado haya perdido el favor de sus protectores.

Si el borrachín que “gobierna” Jalisco, miembro prominente del PAN, regala dineros públicos a ministros del culto católico, las autoridades judiciales no proceden contra él, entre otras cosas porque están a sus órdenes. Y si a Marco Antonio Adame Castillo, gobernador panista de Morelos, se le señalan ligas con el narcotráfico, destituye a funcionarios menores y algunos gendarmes para evitar la chamusquina, pues la autoridad federal a la que toca investigar el caso depende del gobierno federal, que es también del PAN, y por si alguien lo dudaba, ahí está el celestinaje de Germán Martínez, líder de los azules, que puso al señor Adame como ejemplo de buen gobernante (je, je).

Los perredistas, fieles a su costumbre —¿o hay que decir “a su cultura”?—, ya se agarraron del chongo en Zacatecas, donde se lanzan obuses de materia fecal con la intención de descalificarse, pues por un lado están la gobernadora Amalia García y su hija, y por otro la familia Monreal, ambos bandos empeñados en mantener el control de la entidad, pese a que a la mandataria le toman una prisión y en la refriega se libera a medio centenar de delincuentes, mientras que en una propiedad de la familia Monreal se halla una gran cantidad de drogas.

Por el lado del PRI no andan mejor las cosas. Durante su sexenio, el gobernador de Veracruz se ha sacado dos veces la lotería y sus gobernados ya no se lo creen. Los adversarios políticos del suertudo mandatario aprovechan la inconformidad y el descrédito del Ejecutivo local y despliegan una tenaz campaña de videos en internet, pero el asunto no tiene consecuencias legales.

El problema es precisamente ése: que escándalos van y escándalos vienen y no pasa nada, porque todo el mundo tiene cola que le pisen y es preferible el disimulo y la complicidad que abrir la caja de Pandora de las acusaciones cruzadas, la investigación en serio y la persecución real de los políticos delincuentes.

El sistema electoral mexicano ha tenido innumerables reformas en los últimos 32 años. Desde siempre sirvió para proteger el monopolio del PRI hasta que en 1994, ante la irrupción de la guerrilla chiapaneca y el salinato acogotado por los crímenes políticos, tuvo que aceptar la ciudadanización del Consejo General del IFE —y sólo de ese órgano— para dar alguna apariencia de imparcialidad.

A partir de aquel año las reformas han sido recurrentes, pero los resultados distan de ser satisfactorios. Primero destituyeron en forma grosera a los consejeros ciudadanos elegidos en 1994 y establecieron un sistema tripartito de cuotas que benefició al PRI, el PAN y el PRD. En 2003 los amarillos se quedaron fuera de la jugada y el PAN y el PRI se comieron solos el pastel, con los resultados de 2006 que tienen dividido al país y sin credibilidad al gobierno federal. Luego le dieron al PRD atole por vía digital con la destitución del consejero presidente del IFE y la remoción escalonada de los demás, que por cierto todavía son mayoría en el Consejo. Pero ni los de antes ni los de ahora sirven para maldita la cosa, como lo prueba su impotencia o su falta de agallas para combatir la guerra sucia por internet.

La más reciente reforma electoral institucionalizó el monopolio de los partidos y quitó toda viabilidad de triunfo a las candidaturas independientes. Tenemos partidos detestables, pero son la única sopa. Nos cuestan una fortuna, sin embargo, debemos seguir costeándolos. Forman una tupida red de complicidades, pero no hay manera de evitarlo. Ese sistema electoral que hoy padecemos es contrario al interés ciudadano y por eso ha tenido tanto eco la propuesta de José Antonio Crespo de anular el voto como protesta. Ése y no otro será el centro del debate en esta campaña.

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